*La titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, otorgó la suspensión definitiva al juicio de amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, con aplicación a Baja California
MEXICALI, BC.- La Coalisión para la Participación Social en la Educación (COPASE) y la coordinación estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia, anunciaron que una juez federal otorgó un amparo en contra de la impresión y distribución de los nuevos libros de texto, aplicable en Baja California, y el incumplimiento de dicha norma podría significar sanciones, «incluso para la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda».
En conferencia de prensa, en la capital del estado, Alfredo Postlehwaite Duhagón, presidente de la COPASE y Luis Alberto Juárez Fernandez, coordinador en Baja California de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijeron que el día 18 de este mes la titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, otorgó una nueva suspensión definitiva al juicio de amparo solicitado por la UNPF en contra de la impresión y distribución de los nuevos libros de texto, con aplicación en nuestra entidad.
Y destacaron que dicha resolución ya fue notificada a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por lo que no le queda otro recurso más que acatar la resolución y no distribuir el material educativo al inicio del ciclo escolar 2023-2024, el 28 de este mes. De lo contrario, la ley prevé fuertes sanciones para el funcionario que a sabiendas incumpla, «y esto incluye hasta a la propia mandataria», enfatizó Juárez Fernandez.
Ambos reiteraron que además de los errores ortográficos y de precisión, los nuevos libros de texto para educación básica desdeñan la enseñanza científica y privilegian el adoctrinamiento a favor del partido en el poder y su ideología, pero lo más grave, fueron elaborados a espaldas de la sociedad y al margen de la ley.
Postlethwaite Duhagón y Juárez Fernández informaron que la propia juez dio indicaciones sobre lo que habrá que hacer para resolver el próximo año escolar: «Las autoridades federales deberán, en concordancia con las autoridades educativas estatales y municipales, establecer una estrategia para la
implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar anterior (2022/2023), pudiendo ejecutar un reparto virtual o físico, o cualquier otro que garantice la entrega oportuna a la infancia y adolescencia».
Esto «de acuerdo al principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el articulo 1 de la Constitución». Y reiteraron que con esta resolución judicial «se ha fallado en favor de la niñez mexicana».
